Presentación del Pacto por la Educación: Tímido regreso al sentido común.

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La Federación de Enseñanza de USO valora globalmente de forma positiva el documento de “Propuestas para un Pacto Social y Político por la Educación” presentado por el MEC en la Conferencia Sectorial, porque apreciamos por parte del Ministerio de Educación un acercamiento, aunque tímido, hacia algunas posturas educativas más razonables y prácticas que son las que FEUSO defiende.

El Ministerio acepta que hay cosas que no han funcionado y admite que algunos de sus principios más inamovibles, como la comprensividad radical que se aplica en la ESO, tienen que revisarse. Esta actitud de reflexión y de apertura hacia una dinámica de mejora y de cambio, implícita en el Documento, nos hace ser prudentemente optimistas sobre la posibilidad de avanzar hacia un Pacto o finalmente hacia algunos acuerdos importantes para nuestro sistema educativo.
Compartimos algunos de los principios y objetivos de este Documento encaminados a intentar solucionar el fracaso escolar, a flexibilizar y a dar más posibilidades a quienes desean progresar en su itinerario formativo, a paliar los desequilibrios sociales potenciando la igualdad de oportunidades, en definitiva, a que la educación mejore su calidad. El preocupante fracaso escolar, con todas las implicaciones que esto lleva consigo, debe mover a todas las fuerzas políticas y sociales a reconocer la realidad y a recuperar la senda del sentido común educativo, senda que habíamos abandonado hace ya mucho tiempo.
El Ministerio plantea que la configuración de la etapa más conflictiva de nuestro sistema educativo, la Educación Secundaria Obligatoria (la ESO), debe ser modificada. Proponen en los últimos cursos de la ESO algo que desde FEUSO siempre habíamos reclamado cuando se debatieron las últimas leyes educativas: una mayor flexibilidad. Adelantar también el ingreso en los PCPI e introducir el carácter orientador de 4º de la ESO (con las dos opciones diferenciadas), que quedaría en la práctica como un curso más de bachillerato para quienes eligieran esta posibilidad.
También ha sido una sorpresa ver en el Documento una histórica reivindicación de FEUSO: que se deben proporcionar a los centros concertados los mismos medios humanos y materiales que se proporcionan a la escuela pública para “atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. La enseñanza concertada siempre ha estado dispuesta a admitir a estos alumnos, pero también ha reivindicado los mismos medios y la gratuidad real de la enseñanza en sus centros.
Sin embargo, observamos algunas omisiones en este Documento. Confiamos en que el proceso de negociación y debate abierto aclare explícitamente medidas sobre los asuntos que señalamos a continuación y que, por otra parte, son algunas de las propuestas que FEUSO presentó al Ministerio de Educación.
En concreto, no se dice nada sobre la necesidad, para alcanzar mayor estabilidad y fomentar la igualdad de oportunidades, de avanzar en la complementariedad de las redes educativas para terminar con la discriminación que padece la escuela concertada, considerada casi siempre como subsidiaria de la enseñanza pública. Y dentro del fomento de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros, debe respetarse la pluralidad de las opciones pedagógicas que reconoce la legislación vigente. La complementariedad debe conducir también a la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años y del Bachillerato, también en los centros concertados. Para ello, debe tenerse en cuenta la demanda de las familias ya que, junto al “fomento de la equidad y de la excelencia como dos factores indisociables para conseguir una verdadera educación de calidad” no se debe disimular el principio constitucional de la libertad de enseñanza.
En relación con el profesorado, compartimos la urgencia de negociar el Estatuto Básico de la Función Docente, reforzar la labor del profesorado para reconocer su autoridad moral y profesional y avanzar en su consideración social. Pensamos que debería haberse hecho alguna propuesta para conseguir la homologación laboral y salarial de los trabajadores de la enseñanza concertada con respecto a sus homólogos de la enseñanza pública en el marco de un nuevo acuerdo laboral que dé continuidad y desarrolle el firmado en el año 2005 entre las organizaciones sindicales y el MEC.
Por último, otra de esas ambigüedades del texto tiene que ver con lo que dice la Constitución española sobre el derecho de las familias a decidir sobre la formación moral y religiosa que deben recibir sus hijos.

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