El Pacto de Toledo se pone de acuerdo para ampliar el periodo de cálculo

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Falta también el acuerdo para ampliar la edad de jubilación
15/12/2010 – 17:31
La pensión mínima de jubilación sin cónyuge y la de viudedad suben hasta 601,4 euros
El Pacto de Toledo ha alcanzado un principio de acuerdo para ampliar el periodo de cálculo que se utiliza para calcular la pensión, actualmente fijado en los últimos quince años cotizados, según ha adelantado el portavoz del PP en la Comisión, Tomás Burgos, a los medios de comunicación.

“Hay un principio de acuerdo”, ha señalado Burgos, quien ha asegurado que, a lo largo de la mañana, se ha llegado también a un principio de acuerdo para homogeneizar la forma en la que computan los años trabajados a la hora de calcular la pensión.
Sin embargo, Burgos ha explicado que el Pacto de Toledo no pretende “acuerdos parciales” y que cualquier propuesta es “susceptible de nuevas lecturas” porque se va revisando en función de los avances alcanzados para que todos los elementos estén “ajustados y equilibrados”.
Según Burgos, lo “importante” es que los ciudadanos sepan que el sistema de pensiones, con estas modificaciones, reconocerá mejor el esfuerzo contributivo realizado durante un periodo más amplio de actividad laboral, que cualquier modificación se hará con criterio “gradual” y que los criterios de solidaridad “están garantizados”.
A lo largo de la tarde, la Comisión del Pacto de Toledo abordará uno de los principales escollos de la negociación: la ampliación de la edad legal de jubilación. Está previsto que a las 20.00 horas los portavoces den una rueda de prensa conjunta para dar cuenta de los avances alcanzados.
Las claves del sistema de pensiones
El Gobierno se ha propuesto reformar el sistema y negocia con los grupos y agentes sociales sobre cómo llevar a cabo las modificaciones
Madrid – 07/10/2010
El Gobierno se ha fijado entre sus retos inmediatos la reforma de las pensiones, la tercera de envergadura en la época democrática de España. El envejecimiento de la población complicará a largo plazo la sostenibilidad del sistema. La reducción en un horizonte de entre 25 a 30 años de la masa de trabajadores cotizantes frente a la de jubilados es inviable, según coinciden el Ejecutivo, los partidos y los agentes sociales. Pero no hay consenso sobre la forma en que hay que llevarla a cabo. ¿Cuáles son las posturas de unos y otros? ¿Dónde están los mayores puntos de fricción? ¿Cómo se puede asegurar su viabilidad? Aquí tienes las principales claves de todo ello.
• Los partidos coinciden en alargar el periodo de cálculo de la pensión
• El ‘grupo de los 100’ recomienda usar toda la vida laboral para calcular la pensión
• Los partidos coinciden en alargar el periodo de cálculo de la pensión
• Los partidos estudian que los hijos cuenten para calcular la pensión
• El Pacto de Toledo acuerda ampliar el periodo de cálculo de las pensiones
• Trabajo quiere repartir al 50% el dinero para políticas de empleo y paro
• Trabajo descarta que la reforma de las pensiones se vaya a hacer por decreto
Cómo se calcula la pensión:
Las dos principales variables que determinan la cuantía de las pensiones contributivas son el periodo de años en los que se ha cotizado y el sueldo que se ha cobrado.
– Años cotizados: Desde 2002, el mínimo de años que hay que cotizar para recibir la prestación es de 15. En este caso, solo se tiene derecho a cobrar un 50% del salario percibido. A medida que este periodo se amplía, entre 15 y 25 años, la cantidad a percibir aumenta a razón de 3 puntos por cada ejercicio de más que se contribuya a las arcas del Estado. A partir de los 35 años cotizados, el incremento por año es de 2 puntos. Por tanto, a modo de ejemplo, si se ha estado cotizando durante 27 años, se cobra el 84%. Para garantizarse una pensión equivalente al 100% del sueldo hay que haber pagado religiosamente a la Seguridad Social durante 35 o más años.
– Sueldo y periodo de cómputo: Aunque el resultado siempre será mejor cuanto más tiempo se cotice, para fijar la cuantía de la pensión solo se tienen en cuenta los salarios de los últimos 15 años, que generalmente coinciden con los de un mejor sueldo. Así, si una persona ha estado cotizando a la Seguridad Social durante 27 años y ha cobrado la hipotética cifra de 1.900 euros brutos al mes durante los últimos 15 años, tendrá derecho a una primera pensión de 1.360 euros al mes. La cifra equivale al 84% del resultado de multiplicar la base de cotización (la mayor parte del salario) por 180 mensualidades (los 15 años del periodo de cómputo). Esta cantidad aumentará a lo largo de la jubilación en la misma proporción que evolucionen los precios.
Cuáles son los riesgos que pesan sobre el sistema de pensiones:
En base a las proyecciones del Banco de España, el descenso en la natalidad y el incremento de esperanza de vida provocará que la población mayor de 65 años frente a la que está en edad de trabajar se dispare en los próximos años y décadas hasta llegar al 60% de aquí a 2060. Según Bruselas, si ahora hay cuatro cotizantes por cada jubilado con pensión contributiva, dentro de 50 años esta proporción se reducirá a la mitad. Por este motivo, aunque el mayor número de beneficiarios y el paulatino aumento de la cantidad de las prestaciones no se notará durante los próximos 15 años en el gasto en pensiones en relación al PIB, que actualmente está en el 7,6%, a partir de entonces se acelerará hasta alcanzar el 14% si no se toman medidas. Hay que recordar que a esta partida habría que añadir el coste de las prestaciones no contributivas y los gastos sanitarios o de dependencia asociados a un aumento de la población mayor. En total, una cifra inasumible para cualquier Estado.
Sostenibilidad fiscal: La reforma de las pensiones llega en medio de los esfuerzos del Gobierno para devolver el déficit a los límites de Bruselas. Aunque el repunte de los números rojos del Estado se ha producido por la crisis -medidas de estímulo, gastos por paro y caída de los ingresos- y no tiene mucho que ver con los jubilados, la inviabilidad del sistema de pensiones, aunque sea a largo plazo, amenaza su sostenibilidad. Este riesgo supone un cebo perfecto para que España y su deuda sufran el acoso de los inversores. La explicación es que si se sabe que las pensiones costarán en un futuro al Estado más de lo que ingresa en cotizaciones -lo que le obligará a agotar el fondo de reserva, desviar fondos de otras partidas y vaciará paulatinamente sus arcas-, nadie se aventurará a comprar su deuda. Esta inapetencia frente a los bonos españoles supone echar el cierre a la vía de financiación tradicional del país, lo que a su vez le abocará a la quiebra. De ahí la urgencia y relevancia que le ha dado el Gobierno a la reforma de las pensiones dentro de su campaña por recuperar la confianza de los inversores.
La propuesta del Ejecutivo:
El Gobierno apuesta por garantizar la solvencia del sistema a través del aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aunque la edad real de jubilación apenas supera los 63 por la cultura de la jubilación anticipada, y el periodo de cómputo. Sobre este último aspecto, aunque en una primera propuesta que envió el Ejecutivo a Bruselas hablaba de incrementarlo hasta los 25 años desde los 15 actuales, ha preferido no fijar ninguna cifra concreta para dar margen a la negociación. De hecho, parece que hay consenso entre los partidos en elevarlo al entorno de los 20 años. Otros países ya han tomado medidas similares sobre el cómputo: Francia ha pasado de tomar 10 años a incluir 25 años mientras que Austria lo ha ampliado desde 15 hasta 40 y un número importante de países (Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia) lo han aumentado a la totalidad de la vida laboral.
En cuanto a elevar la edad de jubilación, la postura del Gobierno es clara. Sin embargo, el resto de partidos se guarda de momento sus cartas. Parece que la opción preferida pasa porque el incremento sea voluntario.
Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre el impacto que tendría esta medida en el gasto de las pensiones sobre el PIB, el consenso recogido por el Banco de España apunta a un recorte de entre 6 y 8 puntos porcentuales de aquí a 2050 o 2060 en función si se deja entre los 25 o los 35 años. Gracias a ello, la partida de gasto se quedaría ligeramente por encima de los niveles actuales y el problema se resolvería en una gran parte. En caso de que el periodo de cómputo se ampliase a toda la vida laboral, no obstante, hay quien alerta de que reduciría la cuantía de las nuevas pensiones entre un 10% o un 30% y supondría un menor impacto a la baja en el gasto total en relación al PIB, de entre un 3% y un 5% dentro de 50 años.

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