Mejorar las condiciones laborales de los docentes de los centros privados

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El Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados, en su mes de febrero, incluye un artículo de Antonio Amate, Secretario General de FEUSO, dedicado a los docentes de los centros privados sin concierto. Reproducimos a continuación dicho artículo.

Sería en primer lugar necesario matizar que con el nombre de centros privados nos referimos a los centros educativos de titularidad privada que no reciben ningún tipo de ayuda económica o subvención de las administraciones públicas.
La principal seña de identidad de estos centros es su prestigio, sustentado en la calidad de la educación que imparten. La oferta educativa privada trata de responder siempre a las metas y objetivos más altos, y así ha venido siendo a lo largo de su historia. Estos centros se han caracterizado por su apuesta por la innovación pedagógica, la especial profesionalidad y modernidad en la enseñanza de idiomas, la decidida introducción de las TIC en las aulas y en los procesos de aprendizaje, la esmerada atención a la diversidad de alumnos y por el peso que tradicionalmente han tenido los deportes como oportunidad para la transmisión de valores humanos y sociales. Gracias a su trabajo, la oferta educativa en España es más plural, diversa y distinta.
En un proyecto de esta naturaleza, el profesorado tiene un papel esencial, dado que para alcanzar un verdadera educación de calidad es necesario un alto grado de compromiso y de corresponsabilidad personal con el proyecto formativo. El profesorado que imparte clases en los centros privados está sometido a una alta exigencia profesional.
Por ello, resulta en ocasiones paradójico que, aun teniendo estos centros objetivos tan elevados, tengan sus trabajadores, de manera generalizada, unas condiciones laborales significativamente inferiores a las de sus homólogos de los centros concertados y mucho más a los de la pública y por ello, necesariamente mejorables. Si observamos dos parámetros fundamentales de las condiciones laborales, vemos que sus retribuciones, son sensiblemente inferiores a los de la concertada y muy inferiores a los de la pública; en paralelo y paradójicamente, la actividad lectiva semanal es de 27 horas, muy superior a las del resto. A lo que habría que añadir que en el resto de condiciones su situación laboral es la más inestable y precaria de todas.
Desde FEUSO estamos trabajando en las Mesas de Negociación para que las patronales reconozcan esta realidad. De hecho, en las actuales negociaciones del IX Convenio, y sin pretender ser exhaustivos, estamos pidiendo, fundamentalmente, que se garantice el poder adquisitivo de los trabajadores, que se actúe sobre la jornada, se implementen medidas en materia de conciliación de vida familiar y laboral, en especial todo lo relativo a las situaciones derivadas del cuidado de hijos y familiares, excedencias, permisos y acumulación de la reducción de jornada por lactancia en días completos, y se mejore la clasificación profesional y las condiciones de percepción del llamado Complemento por Perfeccionamiento Profesional.
Nosotros entendemos que estos asuntos tienen que recibir la prioridad que se merece. FEUSO piensa que la mejor manera de defender este modelo es contar con un profesorado comprometido, satisfecho con su trabajo y con unas condiciones laborales dignas y flexibles que les permitan mejorar la calidad de la importante función educativa que se les confía. Por ello, el profesorado debe contar con una jornada mejor adaptada a estos objetivos, con más tiempo para preparar las clases, atender personalmente a los alumnos y mejorar su cualificación mediante la formación. La actualización permanente del profesorado es una necesidad esencial en un contexto como el actual, caracterizado por un cambio casi constante, por la irrupción de novedades casi permanentes como es el caso de las nuevas tecnologías, las transformaciones en la metodología del aprendizaje, etc.
Los detractores de la enseñanza privada como modelo educativo simplemente válido, vinculado a los principios de la libertad de enseñanza y a la libre elección de centro por parte de las familias, recurren siempre al argumento del elitismo para desacreditar estos colegios. Es frecuente también la acusación de la “mercantilización” de la educación cuando se habla de este modelo de enseñanza. Nosotros pensamos, que además de ser empresas, estos colegios son también “centros educativos” como un elemento claramente diferenciador con respecto a cualquier otro sector productivo de la economía. Que cuentan con una amplia demanda social que debe ser respetada y atendida. El objeto de su actividad está sometido a los principios y valores que tiene que asumir cualquier proyecto educativo para tener posibilidades de éxito. Y que su compromiso con la educación debe ser prioritario y compatible con respecto a su realidad empresarial, promocionando siempre las mejoras sociales y laborales que sus trabajadores merecen.
En la coyuntura que estamos viviendo, con un escandaloso aumento del desempleo y una generalizada pérdida de renta de los españoles, los centros privados pueden acusar una disminución en el número de alumnos y, por tanto, experimentar el impacto económico de la crisis de forma singular, pues los únicos recursos con los que cuentan son los ingresos por las cuotas que perciben de las familias. Esta circunstancia no justifica de forma generalizada que se traslade este impacto a un aumento de la presión sobre el valor de los puestos de trabajo del profesorado.
En relación con la influencia de la crisis económica en estos centros, compartimos las inquietudes de las patronales que afectan mayoritariamente al sector. En este sentido, pensamos que medidas como posibilitar la desgravación fiscal de los gastos escolares permiten abrir una vía muy interesante de cara a las perspectivas futuras de estos colegios. Esto se trasladaría a la apertura de estos centros a un público más amplio sin que, como sucede hasta ahora, tenga que estar constreñido el acceso a la educación que imparten a sectores minoritarios de la población por motivos económicos. Ampliar las posibilidades de acceso incrementando la matriculación del alumnado en estos centros con un apoyo de este tipo por parte de las Administraciones es una buena solución para todos. Los principales beneficiarios de esta política serían ambos, los centros y sus trabajadores, que podrían así seguir construyendo un modelo educativo que aspira siempre a lo máximo y a lo mejor.
Antonio Amate Cruz
Secretario General
Federación de Enseñanza de USO.-

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