Tras las estadísticas relativas a las inscripciones de inmigrantes en el censo electoral de cara a las próximas elecciones municipales de 2011, los datos llaman la atención. A pesar de haberse ampliado el plazo de registro en los censos (en 10 días), los resultados de participación son muy bajos.
Fuente: El Mundo
Algunas de las causas a las que organizaciones sociales achacan esta baja participación son las demoras, trabas burocráticas, desinformación y plazos insuficientes que impiden que miles de personas puedan ejercer su derecho a votar: “dado que el Gobierno central conoce a ciencia cierta las personas que cumplen los requisitos para poder votar, las organizaciones sociales se cuestionan por qué
no les ha dado de alta de manera automática en el censo electoral, tal como hace con los españoles que alcanzan la mayoría de edad. Esto favorecería el ejercicio del derecho a la participación política y hubiera evitado que las numerosas trabas burocráticas, los cortos plazos de tiempo y la grave desinformación impidieran a estas personas ejercer sus derechos”.
La campaña promovida desde la administración tenía como objetivo fomentar un tipo de participación política de más de 350.000 personas residentes no comunitarias en España, excluyendo de este derecho ciudadano a quienes no contaban con una residencia superior a 5 años (más de dos millones de personas) y a extranjeros y extranjeras cuya nacionalidad no está incluida entre el listado que comprende el derecho al voto, a pesar de representar importantes colectivos (procedentes de Marruecos, China, Paquistán,…)
La famosa integración que las políticas públicas tratan de fomentar como herramienta de convivencia entre los inmigrantes y la población “de acogida”, no puede hacerse efectiva sin contemplar los derechos básicos de decisión y participación. El voto se considera así un mecanismo básico de ciudadanía, ejercicio de la libertad y garantía de justa integración.
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