La USO sigue centrando su foco de atención en la reivindicación de la figura del Delegado de Prevención y en la necesidad de que trabajadores y trabajadoras tomen un papel activo a la hora de exigir unas adecuadas condiciones de trabajo.
Así mismo, exigimos a las Administraciones Públicas que, mediante sus mecanismos de control y a través de una ampliación de recursos humanos coordinados y efectivos, estructuren un sistema global de prevención, que permita erradicar la siniestralidad y precariedad laboral que todavía hoy sufren trabajadores y trabajadoras. Aún más, si tenemos en cuenta que, tras la aprobación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ésta es la competente a la hora de juzgar en los procedimientos de prevención de riesgos, lo que hace imprescindible la dotación de más recursos a dichos juzgados de lo social.
Desde la USO entendemos que la situación económica actual favorece la aparición o el agravamiento de riesgos en general y de los riesgos psicosociales en particular, ya que, a la reducción de la inversión en materia de Prevención de Riesgos, hay que sumar que en muchas empresas se ha pasado a desarrollar el mismo trabajo con una reducción drástica de la plantilla, afectando esto de manera considerable a los ritmos y la carga de trabajo. Por este motivo, exigimos tratar con firmeza este tipo de riesgos ya no como riesgos emergentes, sino como el gran problema en el que se están convirtiendo en la siniestralidad laboral actual.
USO sigue denunciando que, agravado por la situación de crisis económica, acudir al servicio médico y que te concedan una baja esté casi “penado”. Esta situación hace que cada día más, los trabajadores y trabajadoras no solo acudan a su puesto de trabajo estando enfermos, sino que soliciten el alta médica voluntaria con el único objetivo de mantener su empleo. A todo esto hay que sumar la actuación de las MUTUAS, que mediante su labor de seguimiento y control de las contingencias comunes (presionando mediante llamadas telefónicas y convocatorias a acudir a controles) y su gestión de las contingencias profesionales (negando bajas ante accidentes laborales y no reconociendo enfermedades profesionales) hacen que sean un modelo de gestión económica muy valorada por el gobierno y los empresarios, pero están haciendo un flaco favor a los trabajadores y trabajadoras.
La última Reforma Laboral introduce una serie de medidas “en contra” del mal denominado absentismo, que lejos de proteger al trabajador, lo coloca en una situación de indefensión cuando, con 2 bajas de 8 días en 2 meses o de 20 días en 4 meses, puede ser despedido de forma procedente sin tener en cuenta las cifras de absentismo del total de la plantilla. Esta situación, sumado a todo lo enumerado anteriormente, va a provocar que acudir al médico sea considerado por los trabajadores y trabajadoras, más que un derecho constitucional de protección de la salud, un ejercicio de riesgo que puede desembocar en despido. La USO se solidariza con las víctimas y sus familiares y seguirá luchando para que el desarrollo de un derecho como es el del trabajo no cueste la salud, ni la vida.
JUEVES 26 de Abril – 11:00 H – Plaza Gipuzkoa
(Para acudir desde Araba y Bizkaia apuntate en tu sede)
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