LSB-USO Euskadi y ocho centrales sindicales con presencia en la administración y servicios públicos vascos han decidido unirse y conformar una Plataforma para la Defensa de los Servicios Públicos y el Estado del Bienestar, «para hacer frente a las políticas y recortes de los diferentes gobiernos, tanto estatales como autonómicos».
La plataforma se ha presentado hoy en Bilbao y está formada por los sindicatos LSB-USO Euskadi, CC OO-Euskadi, UGT-Euskadi, Satse, ERNE,, SME-FHE, CSI-F, SAE y Utese, y conforman mayoría sindical en sectores como la sanidad, justicia, Ertzaintza, AENA, Renfe-Adif, la administración general del Estado y Correos.
Su primera movilización conjunta está anunciada para el próximo viernes 28 de septiembre con la celebración de una cadena humana. Se llevará a cabo a las 11 de la mañana y ocupará una parte de la Gran Vía de Bilbao uniendo varios centros de trabajo de las diferentes administraciones públicas.
En la rueda de prensa de hoy 20 de septiembre de 2.012, se ha asegurado que la plataforma nace con el objetivo de buscar «el máximo nivel de unidad» sindical en busca de consensos para hacer frente a los recortes que se han ido realizado desde el Gobierno español y vasco. «Políticas que ahondan en el desmantelamiento de los servicios públicos y el estado de bienestar, políticas y recortes que no solo inciden en las condiciones laborales de los trabajadores sino que afectan al conjunto de la ciudadanía», ha denunciado.
Para los integrantes de esta plataforma sindical existen soluciones y vías alternativas para controlar el déficit público «sin recurrir a estas amputaciones del servicio y la función pública». Por esa razón abogan por combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, además de mejorar el control del gasto público para que se evite «ineficiencias y corrupciones».
De este modo, proponen medidas para que las grandes empresas tributen más que las pymes, la creación de un impuesto que aumente la contribución fiscal de las grandes fortunas, la exclusión de las ganancias patrimoniales del concepto de rentas de ahorro y la modificación de la ley sobre las Sicav para evitar su uso como mecanismo de evasión fiscal. Finalmente, buscarán emprender gestiones políticas y diplomáticas para que la Unión Europea implante un impuesto sobre las transacciones financieras.
Un integrante de la plataforma ha acusado a los gobiernos de «linchar» a los trabajadores de la función pública mediante el envío de «determinados mensajes demoledores y discursos torticeros como que los empleados públicos son una casta privilegiada». «Detrás de estos mensajes hay un ataque frontal a los servicios públicos y a su papel como garante del ejercicio del derecho de ciudadanía», se ha criticado.
Es por ello, que la plataforma va a trabajar por «prestigiar» los servicios públicos y a sus trabajadores «porque hacer a lo público responsable de la crisis es un claro intento de abrir el camino de la privatización de los servicios públicos», ha concluido.
Texto Integro de la Presentacion de la Plataforma
Esta Plataforma nace con el claro objetivo de buscar el máximo nivel de unidad y de buscar consensos para hacer frente a todas las políticas y recortes que han venido planteando los diferentes gobiernos tanto estatales como autonómicos, en el desmantelamiento de los Servicios Públicos y el Estado de Bienestar, políticas y recortes que inciden directamente no solo en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Públicos, sino que afectan al conjunto de la ciudadanía.
Es por ello que esta plataforma nace con el objetivo de aunar al máximo número de organizaciones sindicales y sociales y esta abierta a la participación de todas ellas.
Van para cinco años de crisis interminable. Cinco años en los que las políticas de austeridad han llevado un incremento del paro y la exclusión social. Al mismo tiempo, los servicios públicos y sociales están sufriendo una ofensiva sin precedentes y el estado de bienestar se está poniendo en entredicho.
Resulta radicalmente injusto que el desastre iniciado por ciertos sectores bancarios y dirigentes movidos por una codicia desbocada, tenga que ser reparado por la mayoría. Estamos sufriendo recortes salariales generalizados y un adelgazamiento de los recursos públicos, especialmente de los dedicados a las políticas sociales, como son, las pensiones, sanidad, educación, desempleo y asistencia social.
Se sigue haciendo caso omiso de opiniones económicas, solventes y prestigiosas, que reclaman la urgente introducción de políticas de estímulo económico y de reactivación del empleo. Ya es hora de que la política en su más noble acepción, al servicio del interés general, se imponga frente a los mercados financieros.
La indudable necesidad de optimizar el gasto público se está traduciendo en: una política de recortes en el número de empleados públicos, precarización de sus condiciones laborales, retributivas y sociales y una campaña de descrédito de su labor. Ante ello y en defensa del sector público, las organizaciones firmantes queremos exponer:
1) Los empleados públicos garantizan la realización práctica de los servicios que las instituciones del Estado prestan a los ciudadanos. Denigrar al empleado público desacredita servicios esenciales para la sociedad, tales como, educación, sanidad, seguridad, atención social y justicia, entre otros.
2) Los empleados públicos acceden a su puesto de trabajo por medio de un proceso de selección bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, aprobados en la Constitución.
3) Los servicios públicos garantizan la igualdad entre los ciudadanos, llevando servicios esenciales a lugares donde nunca acudiría una empresa privada por razones de rentabilidad económica.
4) La estabilidad en el empleo público, cuestionada por la reforma laboral, garantiza la independencia del empleado público ante las presiones de la coyuntura política y asegura la calidad y permanencia de las prestaciones.
Existen soluciones y vías alternativas para controlar el déficit público sin recurrir a estas amputaciones del servicio y la función pública. Entendemos la necesidad de realizar ajustes económicos y la obligación solidaria de contribuir a sacar el país de la crisis, pero observamos que el recorte general no alcanza a otros gastos mucho menos justificados. En este sentido proponemos:
1) Afrontar con decisión y medios materiales y humanos suficientes, las bolsas de fraude fiscal y la economía sumergida, así como la mejora sustancial del control del gasto público que evite ineficiencias y corrupciones.
2) Medidas encaminadas a modificar la injusta desproporción entre la tributación efectiva de las grandes empresas y las que gravan a microempresas y pymes.
3) Emprender gestiones políticas y diplomáticas para que la Unión Europea implante un impuesto sobre las transacciones financieras.
4) Creación de un impuesto sobre la riqueza que aumente la contribución fiscal de las grandes fortunas.
5) Exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro y modificaciones en la legislación de las SICAV que eviten su uso como mecanismo de evasión fiscal.
Al gobierno, a los gobiernos, les resulta fácil poner en marcha medidas de recortes a los trabajadores y a las trabajadoras de la Función Pública porque, en muchos casos, han sido objeto de linchamiento previo por parte de los responsables políticos para ponerles a los pies de los caballos de una sociedad que está muy sensibilizada por los efectos de la crisis económica.
Cuidado con determinados mensajes que se envían. Funcionarios públicos son los que cuidan de nuestra salud, los que educan a nuestros hijos, las personas que atienden la dependencia y otros servicios sociales, los que garantizan nuestra seguridad o los que limpian nuestras calles. Es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras que cubren las funciones básicas en un país. Por cierto muchos de ellos con salarios por debajo de los 1000 €.
Trasladar a la ciudadanía discursos demagógicos como que los empleados públicos son una casta privilegiada porque disponen de un empleo seguro, es la antesala para decir que el trabajador fijo es privilegiado frente al que es temporal, que el temporal es privilegiado frente al que no tiene trabajo, que el parado que cobra el paro es privilegiado frente al que no cobra….. y todo con el objetivo final de justificar la reducción de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras (reducción de los salarios, recortes de derechos laborales, recortes de prestaciones y subsidios de desempleo,…..)
Detrás de estos mensajes hay un ataque frontal a los servicios públicos y a su papel como garante del ejercicio del derecho de ciudadanía.
Hay que prestigiar los servicios públicos y a las personas que los prestan porque hacer a lo público responsable de la crisis en un claro intento de abrir el camino de la privatización de los servicios públicos para satisfacción de los neoliberales y de los que esperan como lobos la ocasión de enriquecerse. Porque eso es lo que supone pasar los servicios públicos al servicio de los negocios privados: de una parte el enriquecimiento de unos pocos y, de otra impedir que muchos, los más desfavorecidos, puedan ejercer todos los derechos de ciudadanía en plan de igualdad, porque, al carecer de recursos, no pueden acceder a determinados servicios si estos no son públicos.
En base a esto esta plataforma que se constituyo hace ya unos meses, hemos venido desarrollando diferentes movilizaciones en los últimos meses y seguiremos movilizándonos hasta que se consigan cambiar estas políticas que lo único que provocan es una profundización de la crisis económica y un deterioro total del Estado de bienestar.
Para denunciar y reclamar todas estas cuestiones realizaremos el día 28 de Septiembre a las 11:00 horas, una cadena humana que ocupara una parte de la Gran Vía en Bilbao, uniendo varios centros de trabajo de las diferentes administraciones Publicas.
En el centro, detrás de la ponente: Juli Díaz (miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de LSB-USO Euskadi y responsable de la Federación de Empleados Públicos en Euskadi)
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