La Ley de Tasas Judiciales

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La nueva ley sobre las tasas judiciales (ley 10/2012 del 20 de Noviembre), conocida popularmente como el ‘Tasaso Gallardón’, sigue su camino y si bien no fue aplicado por motivos administrativos en Hacienda, a partir de hoy se pone en marcha en los diferentes juzgados.

La nueva ley sobre las tasas judiciales no solo eleva el importe de las mismas en un una gran proporción, sino que incorpora una novedad importantísima que no es otra que la de ampliar su aplicación a toda la población. Hasta ahora solo las grandes corporaciones que facturaban más de 8 millones de euros tenían que atender las mismas, pero ahora todos, empresas pequeñas y particulares tendrán que abonar las citadas tasas.

Hasta hoy la jurisdicción de la social (los juzgados de lo social), la parte de la justicia que atiende de las reclamaciones sobre derechos y deberes de los trabajadores y empresario en lo referido al mundo laboral (convenios, aplicación de la legislación laboral en general…) estaba, al igual que la justicia penal, exenta de tasas en cualquiera de sus instancias. Para entendernos, una instancia en lo judicial es el camino que debemos seguir a la hora de plantear nuestra reclamaciones y no podemos saltarnos ninguna, debiendo acudir a ellas en un orden determinado.

La primera vez que presentamos nuestra reclamación lo hacemos ante el juzgado de lo social (antigua magistratura) y a esto se llama primera instancia. Pues bien en esa primera instancia de la legislación laboral se seguirá, según dice la nueva ley, sin pagar ninguna tasa judicial. Esto no ocurre por ejemplo en los juzgados de lo mercantil, donde desde la primera reclamación ya se deben pagar tasas, o como en los juzgados de lo penal, donde no se pagan tasas en ninguna de las instancias.

Una vez los juzgados de lo social establecen sus sentencias, las partes podrán estar de acuerdo o no con ellas, pudiendo si así lo estimasen, recurrir tanto el fondo como las formas de la misma. Si se recurre el fondo estamos asistiendo a un ‘Recurso de suplicación’, o sea que no estamos conformes con lo dictaminado por el juez o jueza. Si lo que queremos es anular todo el procedimiento por entender que no se han guardado las formas, se han vulnerado nuestros derechos, o se ha hecho un uso incorrecto de la aplicación de la ley, estamos ante un ‘Recurso de Casación’. Pues bien tanto uno como otro tendrán que pagar tasas: Si se trata de uno de suplicación, 500€ y 750 para uno de Casación. Si se trata de reclamaciones de cantidad, superiores a 2000€, se aplicará un aumento de un 0.5% de la cantidad reclamada hasta el millón de euros.

Esto en la práctica lo que quiere decir es que por ejemplo: Una sentencia por despido con la que no estamos de acuerdo si queremos recurrirla a un Tribunal Superior debemos poner sobre la mesa 500€ en concepto de tasas, si no los ponemos, no tenemos derecho a recurrir al citado tribunal. Si estamos reclamando 3000€ de salarios debidos y no estamos de acuerdo con la sentencia que nos ha dado el juzgado de lo social y queremos recurrir tenemos que abonar, además de los 500€, un 0.5% de los tres mil que estamos reclamando, o sea 15€ más.

Las tasas tienen que ser asumidas por los recurrente y nunca serán devueltas por el Estado, solo en los casos donde se condenen costas (las costas son los gastos que ha tenido que afrontar un litigante, abogados, procuradores, tasas…) a la parte que ha perdido el juicio, se podrá recuperar las tasas, abonadas por la parte ‘perdedora’ nunca por el estado. Se quiere paliar algo esta vuelta de tuerca con la ley de Justicia Gratuita, donde dicen que van aumentar el mínimo necesario (ingresos de 14.000€ al año) para tener derecho a ella. También en la propia ley de Tasas han incluido que los trabajadores de forma individual pagarán solo el 40% de las mismas, no así las reclamaciones colectivas a través de los Comités de Empresa (como los ERE) que tendrán que abonar el 100% al igual que las empresas.

Veremos como termina la película.

LSB-USO
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