Hoy, 16 de diciembre, como cada lunes (#pentsionistak astelehenero) AJUPE de LSB-USO se ha concentrado frente el ayuntamiento de Bilbao. Esta vez, con la MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones) de la que USO es fundadora con su reivindicación máxima BLINDAR LAS PENSIONES EN LA CONSTITUCIÓN, es decir, impedir que las pensiones puedan se devaluadas o privatizadas.
La esencia de blindar las pensiones en la Constitución reside en dos exigencias clave:
una, la prohibición de forma explícita de que las pensiones públicas se puedan privatizar total o parcialmente;
dos, la prohibición de que puedan perder su poder adquisitivo directa o indirectamente, es decir, que ninguna medida de ningún tipo -se cual sea el mecanismo que se utilice- pueda tener como consecuencia la pérdida de su poder adquisitivo, sea mediante impuestos, copagos, tarifas, servicios básicos, precios, etc.
Hoy lunes, frente al Ayuntamiento bilbaíno pensionistas actuales y futuros se han concentrado para exigir garantías del sistema público de pensiones. Han recordado que pronto, el 15 de enero de 2020 se cumplirán dos años de las primeras movilizaciones en Bilbao, que luego se han ido extendiendo a otros territorios.
¿Qué defiende la Mesa por el Blindaje de las Pensiones (MERP)?
Que las pensiones públicas no están reconocidas como un derecho en la Constitución y menos como un derecho fundamental, sino en el Capítulo Tercero como uno “De los principios rectores de la política social y económica”.
Defiende que “blindar las pensiones” exige una reforma constitucional que transforme las pensiones públicas en un Derecho Fundamental reconocido en la Constitución, prohibiendo expresamente su “privatización y la pérdida de poder adquisitivo”.
Y significa tres cosas:
Primera. Convertirlas en un Derecho Fundamental, como los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo “Derechos y Libertades”, que, como dice el coportavoz de la MERP Joanen Cunyat: “son los que disfrutan de la máxima protección jurídica y legal que existe en nuestra sociedad. Son derechos inalienables que no se le pueden negar a nadie y ningún gobierno o autoridad tiene competencias para hacerlo”. Al contrario, da derecho individual a hacerlo valer en circunstancias específicas y el Estado, a través del Tribunal Constitucional, está obligado a garantizar su cumplimiento.
Segunda.Que se prohíba que se puedan privatizar total o parcialmente de forma explícita.
Y tercera. Prohibiendo también que puedan perder poder adquisitivo. “Sea cual sea el mecanismo que se utilice, ninguna medida de ningún tipo puede tener como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo (impuestos, copagos, tarifas, servicios básicos, precios…)”. Joanen Cunyat puntualiza: “Aunque sepamos que el IPC es el mecanismo primero de revalorización, lo que blindamos es el resultado, que no pierden poder adquisitivo”.
Hoy en día la expresión ‘blindar las pensiones’ ha alcanzado tal difusión y apoyo entre la gente que es difícil encontrar formaciones políticas, instituciones y organizaciones de toda índole que no se hagan eco de ella.
Pero blindar las pensiones en la Constitución es una alternativa, una línea, con la que en el año 2013 se formó la Mesa por el Blindaje de las Pensiones (MERP) donde la organización sindical USO formó parte-que desde entonces ha recogido más de dos millones de firmas- y que ha crecido hasta integrar, en condiciones de igualdad, a trescientas organizaciones de distintas ideologías y creencias, con diferentes trayectorias políticas y sociales.
Por ello, para conseguir y garantizar respecto a las pensiones las dos exigencias:
-la prohibición de su privatización, total o parcial,
-y la prohibición de la pérdida de poder adquisitivo, directa o indirectamente-
Es NECESARIO convertir las pensiones públicas en un DERECHO FUNDAMENTAL -como los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo ‘Derechos y Libertades’. Porque son los derechos que disfrutan de la máxima protección jurídica y legal que existe en nuestra sociedad.
Son derechos inalienables que no se le pueden negar a nadie y ningún gobierno o autoridad tiene competencias para hacerlo. Al contrario, da derecho individual a hacerlo valer en circunstancias específicas y el Estado, a través del Tribunal Constitucional, está obligado a garantizar su cumplimiento.
Por tanto, levantar la bandera de “blindar las pensiones” y luchar por ello -como lleva haciendo el sindicato USO con la Mesa por el Blindaje de las Pensiones desde 2013- significa, y solo debe significar eso, una reforma constitucional que transforme las pensiones públicas en un Derecho Fundamental reconocido en la Constitución, prohibiendo expresamente su privatización y la pérdida de poder adquisitivo.
Porque las pensiones públicas no están reconocidas como un derecho en la Constitución y menos como un derecho fundamental, sino que aparecen en el Capítulo Tercero, en su artículo 50, como uno “De los principios rectores de la política social y económica”, como parecen también tener vivienda y trabajo.
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