Tres juzgados de Cáceres y Badajoz han dictado sentencias firmes que dan la razón a USO en las demandas presentadas por despido improcedente en la Administración pública tras los despidos de tres trabajadores del Plan INFOEx.
Los tres trabajadores habían prestado sus servicios como personal laboral, con contratos de interinidad, para la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, desarrollando funciones de peón especializado en la lucha contra incendios. Dos de ellos empezaron su relación laboral con la administración en 2009, y el tercero, en junio de 2013.
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