Desde hoy, 13 de marzo, las empresas están obligadas a poner en marcha un canal de denuncias. Entra en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en el seno de su empresa o administración pública. Esta ley, que llega con más de un año de retraso y tras varias amonestaciones por parte de Bruselas al Gobierno de España, incorpora la Directiva 2019/1937 de la UE al derecho español.
EL objetivo de esta ley es proteger a las personas informantes y establecer las normas mínimas para los canales de información, con el fin de asegurar la privacidad de la denuncia y protección de la persona denunciante a través de éstos.
Canal de denuncias, obligatorio en las empresas de más de 50 trabajadores
Esta ley establece que las empresas de más de 50 personas trabajadoras en plantilla están obligadas a implantar un canal o buzón de denuncias anónimo.
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