El sindicato USO ha presentado un recurso contencioso-administrativo especial para salvaguardar los derechos fundamentales de sus miembros contra el Real Decreto 667/2023, de 18 de julio, que establece la creación de la Comisión Interministerial para el Desarrollo y Mejora de la Inclusión de las Cláusulas Sociales en la Contratación Pública.
La preocupación de USO radica en que la composición de esta Comisión se restringe únicamente a los sindicatos considerados como los más representativos, lo que implica una vulneración del Derecho de Libertad Sindical que ampara al sindicato.
“USO queda excluido de poder colaborar, proponer, analizar… y, en definitiva, ser oído en una materia en la que nuestros posicionamientos pueden enriquecer la elaboración del listado de criterios sociales en el ámbito de la contratación pública”, ha indicado Joaquín Pérez, secretario general de USO.
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