La Unión Sindical Obrera (USO) presentó un recurso contencioso-administrativo en oposición a la resolución que daba el visto bueno a la convocatoria de subvenciones destinadas a respaldar planes de formación en la región de Valencia. Concretamente, este recurso se enfocó en los cursos diseñados para mejorar la habilidad en la negociación colectiva y el diálogo social, los cuales estaban financiados con una suma de 831.375 euros.
La argumentación de la USO se basó en la consideración de que esta convocatoria infringía la legalidad, ya que incluía requisitos restrictivos, limitativos y excluyentes que creaban una disparidad en el trato otorgado entre los sindicatos catalogados como «más representativos» y otras organizaciones sindicales. Como resultado, se sostenía que se vulneraban tanto el derecho a la igualdad como la libertad sindical.
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