Otra cara de la violencia de género: La violencia institucional

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En las últimas décadas, hemos sido testigos del surgimiento de convenciones, normativas y políticas públicas dirigidas a combatir la violencia de género. En este contexto, España ha cumplido parcialmente con sus compromisos derivados de la ratificación de instrumentos internacionales tanto a nivel universal como regional.

La pieza central que sirve como marco de referencia en España para abordar este grave problema social es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El propósito de esta ley es enfrentar la violencia que, como expresión de la discriminación, la desigualdad y las dinámicas de poder entre hombres y mujeres, se ejerce sobre estas últimas por parte de sus cónyuges actuales o anteriores, así como por quienes tienen o han tenido vínculos afectivos similares, incluso sin convivencia.

En este sentido, aunque reconocemos que esta ley representa un significativo avance en la protección de los derechos de las mujeres, queremos destacar que su enfoque se limita a una fracción reducida del fenómeno de la violencia de género. Esta forma de violencia está presente en todos los ámbitos de la vida y afecta de manera generalizada a todas las mujeres. El sistema en el que vivimos está estructurado de tal manera que oprime a las mujeres y otorga una posición privilegiada a los hombres en todos los espacios.

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