El pasado 15 de julio de 2024, el Gobierno central aprobó la reforma de la Ley de Extranjería, enfocada en la gestión de los menores migrantes no acompañados. Esta modificación tiene implicaciones significativas para los Derechos Humanos, la protección del menor y las cuestiones laborales, donde el papel de los sindicatos será fundamental.
Derechos Humanos y protección del menor
La nueva reforma busca garantizar una distribución más equitativa y obligatoria de los menores migrantes entre las comunidades autónomas, asegurando que todos reciban una atención adecuada y digna, independientemente de donde se encuentren. La medida pretende evitar la sobrecarga de los servicios en regiones como Canarias, con un aumento significativo en la llegada de migrantes.
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