El martes 28 de enero, la plataforma de la MERP en el País Vasco se reunió en los locales del sindicato LSB-USO en Bilbao para analizar los últimos acontecimientos políticos que afectan a las pensiones públicas.
Desde octubre de 2024, venimos impulsando la campaña «Somos 48 millones de pensionistas para Blindar las Pensiones en la Constitución», con concentraciones en todo el país para denunciar las amenazas de Bruselas y los ataques que ponen en riesgo nuestro derecho a una pensión digna.
El próximo mes de marzo de 2025, entrará en vigor la denominada “cláusula de cierre”, impuesta por Bruselas en la reforma de las pensiones. Este mecanismo permitirá que la AlReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) evalúe las medidas adoptadas para «equilibrar» el gasto en pensiones. Si el informe es negativo, el Gobierno tendrá solo un mes para solicitar nuevas propuestas de recorte, que deberán ser aprobadas por el Pacto de Toledo. Mientras tanto, Bruselas ya ha adelantado que será necesario «corregir un desequilibrio de 4,6 puntos del PIB (12.000 millones de euros)», lo que se traducirá en más recortes y pérdida de derechos.
Ante este panorama seguiremos gritando: NO A LOS RECORTES, NO A LA PRIVATIZACIÓN
Ante esta amenaza inminente, la movilización es más importante que nunca. Es urgente garantizar el blindaje constitucional de las pensiones públicas, prohibiendo su privatización y la pérdida de poder adquisitivo, para que sean reconocidas como un derecho fundamental. Desde la MERP siempre apoyaremos el debate sobre mejoras en la financiación del sistema público de pensiones, pero no aceptaremos ningún recorte ni privatización.
Por eso, desde la MERP hemos hecho un llamamiento a todas las organizaciones y plataformas autonómicas a promover concentraciones el próximo 26 de febrero en todas las localidades posibles. No podemos permitir que nuestro futuro dependa de los intereses políticos y las disputas parlamentarias.
En las últimas semanas, hemos visto cómo las pensiones públicas han sido objeto de maniobras políticas en el Congreso de los Diputados, con la aprobación del Real Decreto-ley 11/2024, que fomenta la jubilación parcial, activa y demorada, y el Real Decreto-ley 9/2024 (decreto Ómnibus), que incluía la revalorización de las pensiones, pasadas ahora el Real Decreto Ley 1/2025.
Independientemente de las posiciones sobre estos decretos, lo que no aceptamos es que se siga debilitando el Sistema Público de Pensiones.
Si las pensiones estuvieran blindadas en la Constitución, no estarían sujetas a los vaivenes políticos ni a los intereses del mercado. Por eso, desde la MERP exigimos una reforma constitucional que prohíba de manera expresa cualquier forma de privatización, garantice el poder adquisitivo de los pensionistas y blinde las pensiones como un derecho fundamental.
“No podemos permitir que se enfrente a la juventud con los pensionistas, a las personas trabajadoras con las personas jubiladas o a quienes cobran la pensión mínima con quienes reciben la máxima. La división es la herramienta para debilitar el sistema público de pensiones; la unidad es la clave para defenderlo.” Declara Julia Díez, desde la Secretaría de Igualdad y Movimientos sociales de LSB-USO Euskadi.
Es el momento de actuar. Desde la plataforma de la MERP en el País Vasco hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la CAV a sumarse a las concentraciones del miércoles 26 de febrero de 2025. Desde la MERP y el sindicato LSB-USO, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de un sistema público de pensiones justo y sostenible para todas las generaciones, presentes y futuras.
¡Blindemos las pensiones en la Constitución!
¡No a los recortes, no a la privatización!
¡El 26 de febrero, contamos contigo!
